El pasado 25 de junio se desarrolló el Cuarto Taller de Investigación Aplicada (TIA) Gestión 2025, organizado en conjunto por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (ISEC) de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Aru. En esta ocasión, el encuentro giró en torno a la investigación titulada “Análisis de la brecha de ingreso laboral entre personas con y sin discapacidad durante el periodo 2021”, presentada por Carlos Pantoja, investigador junior de Fundación Aru.
El estudio mostró que las personas con discapacidad en Bolivia enfrentan mayores barreras para acceder al mercado laboral, lo que se refleja en menores tasas de participación, mayores gastos obligatorios y salarios significativamente más bajos que el resto de la población. Según los resultados, mientras una persona sin discapacidad gana en promedio 10,62 bolivianos por hora, una persona con discapacidad percibe apenas 5,77 bolivianos, lo que representa una brecha de alrededor de cinco bolivianos.
Pantoja subrayó que, más allá de las cifras, persisten obstáculos estructurales como la discriminación y el estigma social, la falta de accesibilidad física en espacios de trabajo, una educación no alineada con las demandas del mercado y la débil implementación de la Ley 223 y la Ley 977, que buscan promover la inclusión laboral. También destacó que más del 90% de las personas con discapacidad no está registrada en el sistema nacional (SIPRUNPCD), lo que limita su acceso a beneficios y programas estatales.
El Dr. Gustavo Canavire, economista senior del Banco Mundial e invitado como comentarista, resaltó la relevancia del estudio para el debate académico y de políticas públicas, aunque recomendó fortalecer la metodología con muestras más amplias y técnicas estadísticas complementarias. También enfatizó que la parte no explicada de la brecha no debe interpretarse automáticamente como “discriminación”, sino como un conjunto de factores aún no observados.
La ronda de preguntas con el público enriqueció la discusión, abordando los desafíos del registro de datos, la efectividad de las políticas de inclusión y la urgencia de contar con mejores fuentes administrativas para dimensionar la problemática.
En sus palabras finales, Pantoja reafirmó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas inclusivas y sostenibles, capaces de garantizar igualdad de oportunidades en Bolivia. El TIA cerró recordando que la inclusión laboral de personas con discapacidad no es solo un desafío económico, sino también un imperativo de derechos humanos.
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